miércoles, 11 de enero de 2017

Cuando el Estado no oye, no ve y no habla, la Muerte sabe que está en “zona liberada”.


Se llamaba Ingrid Romina González Martínez.
Vivía con sus hijas y su madre en el Barrio Casavalle.
A sus 29 años, pagó una suma insuperable - su vida-
por ser una trabajadora del Ministerio del Interior:
era policía administrativa.

¿Habrá que blindar también las ventanas
para evitar que la Violencia siga robándonos la Vida?
¿Y podrá solventar ese gasto un policía, un carpintero, un maestro, un empleado?
Bien saben que no, Señores Gobernantes.
Bien sabemos l@s ciudadan@s
que no están cumpliendo con el deber esencial de cuidarnos, a tod@s.
Sus prácticas responden al viejo mecanismo de "atalo con alambre".

La vida de Ingrid no merecía ser cercenada
porque los alambres estén oxidados.